Lonquén: fin del adjetivo “presunto”

 

Hornos de Lonquén

 

El 1 de diciembre de 1978, tres años después del Golpe Militar, la Vicaría de la Solidaridad hizo público el hallazgo de 15 cadáveres en unos hornos de Lonquén. En los días previos, el cardenal Raúl Silva Henríquez le pidió a periodistas y abogados que formaran una discreta comisión para visitar el lugar, pues quería asegurar la existencia de testigos imparciales del hecho. Con los días quedó claro que los cuerpos correspondían a un grupo de detenidos desaparecidos de Isla de Maipo. Ese hecho, en el que se basó el primer capítulo de “Los archivos del cardenal”, demolió la versión oficial de la dictadura que negaba la existencia de desaparecidos. En este artículo, miembros de la comitiva convocada por el cardenal y ex funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad reconstruyen uno de los hechos más relevantes en la historia del organismo en la defensa de los derechos humanos. 

 

Abraham Santibáñez, subdirector de la revista Hoy, recibió una llamada de la Vicaría pidiéndole que se presentara en el edificio de Plaza de Armas, de inmediato, pues debían entregarle una información importante. Ese caluroso noviembre de 1978, el país estaba bajo estado de emergencia y la única revista opositora con permiso para circular era Hoy. Santibáñez no hizo más preguntas y enfiló desde Providencia hacia la casona que ocupaba la Vicaría de la Solidaridad, en el centro de Santiago, junto a la Catedral Metropolitana de Santiago.

Jaime Martínez, el director de revista Qué Pasa, recibió un llamado similar. Máximo Pacheco, ex ministro de Justicia de Eduardo Frei Montalva y ex parlamentario, entonces vicepresidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, también fue convocado. En la Vicaría, los tres se encontraron con el obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, y con el vicario de la Solidaridad, Cristián Precht.

Allí se les explicó que, si aceptaban quedarse, recibirían una información confidencial, respecto de la cual debían mantener estricto secreto a la espera de que se presentara una denuncia formal. Todos asintieron y la puerta se cerró. Según recuerda María Luisa Sepúlveda, ex asistente social de la Vicaría y hoy presidenta del directorio de la Fundación Museo de la Memoria, se les contó del hallazgo de osamentas y se les pidió que constituyeran una comisión de hombres buenos para verificar la información. La petición fue que partieran de inmediato al sitio de los hechos, en autos de funcionarios de la Vicaría.

“Quisimos constituir una comisión que tuviera credibilidad frente a cualquier tribunal”, cuenta Javier Luis Egaña, entonces secretario ejecutivo de la Vicaría.

Augusto Góngora, quien era director de la Revista Solidaridad (de la Vicaría), recuerda que para las autoridades de la institución eclesiástica era muy importante la presencia de Martínez en el grupo. “A mí me impresionó mucho que él accediera. Qué Pasa era una revista de derecha y suponíamos que las ideas políticas de Martínez eran proclives al régimen. Sin embargo,  yo creo que él actuó motivado por un sentido ético superior. No podía sustraerse a una denuncia de esa magnitud. Creo  que además influyó su formación de periodista”.

Abraham Santibáñez recuerda que quiso llamar a Hoy para avisar que se demoraría, pero los funcionarios de la Vicaría se lo impidieron. “Les dijimos que no se preocuparan, que eso lo haríamos nosotros”, recuerda Egaña.

El cometido tenía una importancia trascendental porque, hasta entonces, las denuncias sobre detenidos desaparecidos habían sido descalificadas oficialmente, tanto en Chile como en foros internacionales. En 1975, el embajador chileno ante la ONU, Sergio Diez, por ejemplo, había puesto en duda la existencia de personas cuya desaparición había sido denunciada ante los tribunales. La propia Corte Suprema había cuestionado las identidades de los prisioneros. Y el ministerio del Interior emitía rutinariamente informes negando que los desaparecidos hubieran sido alguna vez detenidos por los servicios de seguridad.

 

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